Empresa instaladora habilitada en baja tensión: categorías IBTB e IBTE (ITC-BT-03)

Quien tramita un boletín eléctrico se topa antes o después con IBTB e IBTE. Aparecen en los formularios autonómicos, en los registros de empresas y en lo que piden algunas distribuidoras, casi siempre sin explicación. No son dos tipos de boletín, ni dos documentos distintos: son las dos categorías de empresa instaladora en baja tensión que fija la ITC-BT-03, «Empresas instaladoras en baja tensión».

Esa instrucción desarrolla el artículo 22 del REBT y establece, en sus propias palabras, “las condiciones y requisitos que deben observarse para la certificación de la competencia y para la habilitación como empresa instaladora”. Es decir: quién puede tocar una instalación de baja tensión y, sobre todo, quién puede firmar su Certificado de Instalación.

La instrucción distingue con cuidado dos figuras que en la conversación diaria se confunden.

La empresa instaladora en baja tensión es “la persona física o jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento electrotécnico para baja tensión […] habiendo presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad” (apdo. 2.1). Nótese que puede ser una persona física: un autónomo puede ser empresa instaladora, pero lo es como empresa que ha declarado, no por el hecho de saber de electricidad.

El instalador en baja tensión es “la persona física que tiene conocimientos para desempeñar alguna de las actividades correspondientes a las categorías” (apdo. 2.2). Y el apartado 4 cierra la puerta a cualquier atajo: el instalador “deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa instaladora de baja tensión habilitada”.

De ahí se sigue la respuesta a la pregunta más frecuente sobre boletines: por experto que sea un electricista, si no trabaja dentro de una empresa habilitada, no hay boletín que firmar.

El apartado 3.1 la define de forma deliberadamente amplia: “Las empresas instaladoras de esta categoría podrán realizar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas para baja tensión en edificios, industrias, infraestructuras y, en general, todas las comprendidas en el ámbito del presente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, que no se reserven a la categoría especialista (IBTE)”.

Dicho de otro modo: la básica es el caso general y la especialista es la excepción tasada. Una vivienda —obra nueva, reforma, subida de potencia, cambio de titular— entra íntegramente en la categoría básica. No hace falta una IBTE para hacer, certificar ni mantener una instalación doméstica normal.

La categoría especialista no sustituye a la básica: la contiene. Las empresas IBTE “podrán realizar, mantener y reparar las instalaciones de la categoría Básica y, además, las correspondientes a” las siguientes nueve modalidades (apdo. 3.2):

• Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios
• Sistemas de control distribuido
• Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos
• Control de procesos
• Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía
• Locales con riesgo de incendio o explosión
• Quirófanos y salas de intervención
• Lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares
• Instalaciones generadoras de baja tensión de potencia superior o igual a 10 kW

Un detalle que suele pasar desapercibido: una empresa no es «IBTE» a secas, sino IBTE en las modalidades que haya declarado. Con una excepción expresa en la norma: “La categoría especialista para las cuatro primeras modalidades de instalaciones […] es única” — es decir, las cuatro primeras (automatización y gestión técnica de la energía, control distribuido, supervisión y adquisición de datos, y control de procesos) se habilitan como un bloque indivisible, no una por una.

El apartado 4 admite cinco caminos alternativos para acreditar la competencia, y aclara que todos ellos “son válidas indistintamente para las distintas categorías de instalador de baja tensión, en función de los conocimientos acreditados”:

• a) Título universitario cuyo ámbito competencial, atribuciones legales o plan de estudios cubra las materias del REBT.
• b) Título de formación profesional o certificado de profesionalidad incluido en el Repertorio Nacional cuyo ámbito competencial incluya las materias del REBT.
• c) Experiencia laboral reconocida conforme al Real Decreto 1224/2009, de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
• d) Cualificación profesional obtenida en otro Estado miembro de la UE, conforme al Real Decreto 581/2017.
• e) Certificación otorgada por entidad acreditada por ENAC u otro Organismo Nacional de Acreditación, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17024.

No existe, por tanto, un «carné de instalador» nacional único que haya que renovar: hay cinco vías de acreditación y una declaración responsable de la empresa.

El apartado 5 describe un régimen sin autorización previa. Antes de empezar a actuar, la empresa presenta ante el órgano competente de la comunidad autónoma donde se establezca una declaración responsable en la que su titular o representante legal declara “para qué categoría, y en su caso, modalidad, va a desempeñar la actividad”, que cumple los requisitos de la instrucción, que dispone de la documentación que lo acredita, y que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad.

Las consecuencias prácticas de ese régimen son cuatro, y conviene tenerlas presentes:

• No se adjunta documentación. La norma prohíbe exigirla junto a la declaración; ahora bien, debe estar disponible para presentación inmediata ante la Administración si la reclama en una inspección.
• Número de identificación de oficio. La comunidad autónoma lo asigna y remite los datos para la inclusión de la empresa en el Registro Integrado Industrial (apdo. 5.4).
• Habilitación indefinida y estatal. Habilita “por tiempo indefinido […] para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales” (apdo. 5.5).
• Un mes para comunicar cambios. Cualquier modificación de los datos declarados, o el cese de la actividad, debe comunicarse en el plazo de un mes (apdo. 5.7).

Sobre lo que ocurre después con cada instalación concreta —el registro del certificado ante la Administración— cada comunidad tiene su procedimiento; el caso catalán está detallado en el artículo del boletín eléctrico en Cataluña.

La declaración responsable es un trámite ligero, pero lo declarado son obligaciones reales que la Administración puede comprobar a posteriori. El apartado 5.8 exige tres bloques:

Documentación identificativa de la empresa, legalmente constituida si es persona jurídica.

Medios técnicos y humanos. En cuanto a personal, el Apéndice I es explícito: hay que contar con el personal necesario en número suficiente “con un mínimo de una persona instaladora en baja tensión de la misma categoría en la que la empresa se encuentra habilitada”. En cuanto a equipos, la categoría básica exige una lista concreta: telurómetro, medidor de aislamiento, multímetro o tenaza (tensión hasta 500 V, intensidad hasta 20 A y resistencia), medidor de corrientes de fuga con resolución mejor o igual a 1 mA, detector de tensión, analizador registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica, verificador de la sensibilidad de disparo de los diferenciales capaz de comprobar la característica intensidad-tiempo, verificador de continuidad de conductores, medidor de impedancia de bucle con resolución mejor o igual que 0,1 Ω, herramientas comunes y luxómetro con rango adecuado para el alumbrado de emergencia. La categoría especialista añade analizador de redes, armónicos y perturbaciones, electrodos para medida del aislamiento de los suelos, y comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de quirófanos.

Ese telurómetro no es decorativo: es el equipo con el que se comprueba realmente la resistencia de la puesta a tierra que el certificado declara.

Seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente, con una cuantía mínima de 600.000 € por siniestro para la categoría básica y 900.000 € por siniestro para la especialista (apdo. 5.8.c).

El apartado 7 enumera las obligaciones de las empresas instaladoras en sus respectivas categorías. Las que más se notan en el día a día:

• Ejecutar conforme a normativa las instalaciones adjudicadas o confiadas, con materiales y equipos conformes a la legislación aplicable, y efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios.
• Emitir los certificados de instalación o mantenimiento, en su caso — la obligación de la que cuelga todo el sistema del boletín y de la Memoria Técnica de Diseño.
• Notificar incumplimientos reglamentarios de materiales o instalaciones observados en el desempeño de su actividad. En caso de peligro manifiesto, avisar de inmediato a los usuarios y a la empresa suministradora, y ponerlo en conocimiento de la comunidad autónoma en un plazo máximo de 24 horas.
• Mantener al día un registro de las instalaciones ejecutadas o mantenidas, e informar a la Administración de los accidentes ocurridos en las instalaciones a su cargo.
• Conservar copia de los contratos de mantenimiento a disposición de la Administración durante al menos los 5 años inmediatos posteriores a la finalización de los mismos — ojo, desde que terminan, no desde que se firman.

Y una prohibición explícita, la que convierte en infracción el «boletín sin visita» que se anuncia a precio de saldo: “La empresa instaladora habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de instalación no realizadas por ella misma” (apdo. 5.9). El incumplimiento de los requisitos, verificado por la autoridad competente y declarado mediante resolución motivada, conlleva el cese de la actividad, sin perjuicio de las sanciones que correspondan (apdo. 5.10).

Estar habilitado te faculta para firmar; la instalación sigue teniendo que calcular bien. REBT Studio dibuja el plano, dimensiona los circuitos según el REBT y genera la Memoria Técnica de Diseño y el Certificado de Instalación listos para presentar.